El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ordena a la Guardia Civil que respete la jurisprudencia del Tribunal Supremo y pague adecuadamente la productividad a sus guardias. Una reciente sentencia que podría afectar a 20.000 agentes, reitera lo que ya dijo el Tribunal Supremo en 2021, cuando señaló que el complemento de la llamada «productividad estructural» debería fijarse atendiendo a un incremento concreto anual.

Sin entrar en muchos detalles sobre las complicadas nóminas del Ministerio del Interior, básicamente lo ocurrido era que los agentes estaban percibiendo una productividad estructural que no se correspondía con la que merecían, sino que era menor.

Una vez que el Supremo sentó jurisprudencia, la Guardia Civil ha seguido incumpliendo con esos incrementos que debía, y precisamente el recurso de varios guardias destinados en la comandancia de Vizcaya es el que ahora podría hacer podría hacer que hasta 20.000 agentes tuvieran derecho a percibir una media de 1.300 euros más en concepto de atrasos.

La sentencia, del pasado 30 de marzo, explica que la Abogacía del Estado se oponía a subir esa productividad estructural. El motivo es que hay otra productividad en las nóminas llamada «productividad por objetivos«, que depende de que en los presupuestos de la Guardia Civil quede un remanente con el que pagarla. Según el abogado del Estado, si se utilizase dinero del presupuesto para incrementar esa productividad estructural, no quedaría dinero para pagar la productividad por objetivos. Y en cualquier caso, argumenta, si se pagase de eso modo vendría a ser lo comido por lo servido, puesto que lo que se cobraría de más por una parte se dejaría de cobrar por la otra.

Sin embargo, los magistrados contestan a Interior que no es un problema de los tribunales arreglar el presupuesto de la Administración. Recuerdan además que es su deber tener el presupuesto dinero suficiente para pagar la productividad estructural y la de los objetivos. En la estimación de este recurso contra la Dirección General de la Guardia Civil, los jueces reconocen el derecho del recurrente a percibir 1.290,39 euros en concepto de productividad estructural dejada de percibir desde 2017, incluyendo intereses legales.